Violencia digital: el caso de Rosy Rodríguez

Conozco a Rosy Rodríguez desde hace casi veinte años. La he visto construir, con constancia y convicción, la Red de Mujeres Periodistas con visión de género de Tamaulipas, un espacio que no solo da voz y visibilidad a las necesidades de cada mujer, sino que impulsa la igualdad, la justicia y el periodismo con perspectiva de género en un estado donde ejercer la libertad de expresión suele ser un acto de resistencia.

Por eso hoy resulta especialmente indignante —y revelador— que Rosy, junto con su esposo e hijo, haya sido objeto de violencia digital en semanas recientes. Un ataque que, lejos de ser un hecho aislado, se inscribe en una tendencia creciente: mujeres periodistas que son agredidas no por lo que escriben, sino por lo que representan.

La violencia contra las mujeres en los espacios públicos —incluidos los digitales— es una forma de disciplinamiento social. Es decir, no buscan debatir ideas, buscan silenciar.
No pretenden confrontar argumentos, pretenden intimidar.

Y cuando esa violencia se dirige a una periodista que dedica su vida a abrir espacios para otras, estamos ante un doble agravio.

Las autoridades tienen en sus manos una obligación clara: investigar, identificar a los responsables y sancionar. La violencia digital sí es un delito y la impunidad solo alimenta la repetición.

Pero este caso también abre una reflexión necesaria hacia dentro del gremio. Ser reportera, periodista o columnista implica un compromiso ético elemental: escribir con los “pelos de la burra en la mano”, como dicta la vieja escuela. Es decir, con rigor, verificación y responsabilidad.

La libertad de expresión jamás puede confundirse con el derecho a difamar, calumniar o inventar. La palabra es herramienta, pero también es arma. Y quien la usa sin sustento, traiciona no solo a la audiencia, sino al oficio mismo.

Frente a esta agresión, la Red de Mujeres Periodistas ha mostrado un respaldo profundo, sólido y respetuoso. No es un gesto de camaradería: es un lealtad merecida. Es el reconocimiento de que cuando tocan a una, responden todas.

Hoy, defender a Rosy es defender el derecho de todas las mujeres periodistas a ejercer sin miedo.Y aquí hay una línea que no debe cruzarse jamás: la violencia digital no es opinión, no es crítica, no es libertad de expresión. Es delito.

Las autoridades tienen la responsabilidad de actuar, y el gremio, la obligación de no normalizar lo inaceptable.
Callarse no es opción. Titubear tampoco.

A Rosy no se le defiende en silencio. Se le defiende de frente, con firmeza y con la convicción de que en Tamaulipas, a las periodistas se les respeta.

Hasta aquí mi columna.