Violencia mediática: cuando ser mujer y comunicadora se convierte un riesgo

𝑳𝒆𝒕𝒓𝒂𝒔 𝑽𝒊𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒔

Por Amelí Ortíz

Si en México aún estamos lejos de alcanzar la paridad en los medios de comunicación, el camino hacia la igualdad dentro de las instituciones públicas, particularmente en las áreas de comunicación social, es aún más largo.

Según datos de organizaciones como Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), menos del 30% de los puestos directivos en medios y áreas institucionales son ocupados por mujeres. Y cuando ellas logran abrirse paso, el entorno muchas veces se vuelve hostil, excluyente y hasta violento.

Lo ocurrido recientemente en Tampico es una muestra clara de esta realidad. Priscila Sobrevilla de la Cruz, funcionaria del área de comunicación social del Sistema DIF Tampico y con una trayectoria profesional tanto en medios impresos como en cargos institucionales, fue detenida injustamente por elementos de la Guardia Estatal, tras ser acusada de forma infundada por un reportero.

En ningún momento existió agresión física de su parte, los videos lo demuestran, pero eso no impidió que la arrestaran sin flagrancia ni pruebas, que la esposaran y que su imagen fuera replicada en redes sociales y algunos medios sin ningún resguardo, violando sus derechos básicos y sin que hasta el momento le hayan dado derecho de réplica.

La Red de Mujeres Periodistas del Sur de Tamaulipas, en un comunicado difundido oportunamente, lo señaló con claridad: “Exigimos garantías para todas las mujeres que ejercemos la comunicación, ya sea desde cargos institucionales o desde el periodismo independiente.”

Esta exigencia no es menor. Las mujeres comunicadoras enfrentan un doble riesgo: el que implica su labor misma y el que proviene del machismo estructural en su entorno profesional, incluso por parte de algunos (pocos afortunadamente) colegas varones, como lo sucedido la semana pasada.

¿Qué garantías quedan para las mujeres cuando basta la palabra de un hombre para que las autoridades actúen con violencia, sin cuestionar, sin investigar?

El actuar de la Guardia Estatal debe preocuparnos. Su intervención se dio sin observar flagrancia ni realizar una verificación mínima. En lugar de proteger derechos, los vulneraron. Exhibieron a la comunicadora como culpable sin serlo, sin siquiera respetar su presunción de inocencia ni resguardar su identidad.

Mientras tanto, el reportero —quien hasta transmitió desde el hospital y hasta ahora ha difundido únicamente su versión de los hechos— ha utilizado las redes sociales del medio para señalar directamente a la comunicadora social, con el riesgo de generar animadversión hacia ella, poniéndola en riesgo.

Cabe destacar que no es la primera vez que realiza este tipo de acusaciones públicas, pues durante el trienio de Magdalena Peraza ya había acusado a cuatro regidores, incluida una mujer, de presuntamente fabricarle delitos.

Esta situación pone en evidencia un patrón de acusaciones que, en este caso, podrían estar contribuyendo a un acto de violencia mediática, digital y de género, en contra de la comunicadora.

La ética profesional debe ser el piso mínimo para quienes se dicen periodistas. Callar ante este tipo de agresiones es permitir que otras voces se impongan sobre la verdad y la justicia.

Hoy, más que nunca, es necesario alzar la voz: las mujeres tienen derecho a ocupar espacios en medios e instituciones sin ser perseguidas, difamadas ni violentadas.

honoeort37@gmail.com